Programas y políticas de justicia penal
Antecedentes
Las políticas de justicia penal tienen por objeto no sólo detener a los delincuentes o garantizar que están cumpliendo con las normas de las instalaciones donde han sido detenidos, sino también para garantizar que el sistema de justicia penal es imparcial y capaz de llevar a cabo sus funciones previstas. El Estado de Texas implementa una serie de políticas e iniciativas, incluyendo el programa FAYS y la política HB 4371, ambas dirigidas a mejorar la justicia juvenil. Considero que la política de drogas y armas es la más cautivadora y relevante, además de reconocer la necesidad de evaluación en las iniciativas de justicia penal.
Programas y políticas de justicia penal en Texas
El sistema de justicia juvenil en Texas ha sido objeto de intensa observación durante muchos años por la Coalición de Justicia Criminal de Texas (TCJC). TCJC examina cómo las diferentes instituciones se relacionan con la justicia juvenil y abogan por tácticas que disminuyan la necesidad de participación en los tribunales mientras se enfocan en las causas subyacentes del crimen, aumentan la seguridad nacional y preservan el dinero de los contribuyentes. HB 4371 es una política multilateral que ayudará a Texas a aumentar la edad al tiempo que aumenta el umbral para la justicia juvenil, la edad de los asuntos penales maduros y modificaciones significativas a la rehabilitación juvenil (Coalición de Justicia Criminal de Texas, 2021). FAYS (Family and Youth Services), un programa de prevención que ofrece tutoría y terapia familiar en los 254 condados de Texas, es una alternativa a la participación del sistema (Coalición de Justicia Criminal de Texas, 2021). Todo el mundo puede referir a un adolescente a FAYS, que incluye a las autoridades escolares, y puede ofrecer a los jóvenes asistencia básica sin criminalizarlos.
Comprensión de los programas y políticas de justicia penal
A través de la política pública, el sistema de justicia penal tiene un impacto en todos. Pienso en las políticas como un tipo de control social que se asegura de que todos en la sociedad cumplan con la ley. Las políticas cubren temas que incluyen justicia juvenil, políticas de drogas, violencia doméstica, congestión en las cárceles, violencia de pareja, violencia escolar, propuestas de reglas federales de inmigración, contraterrorismo, seguridad pública y muchos otros. Los principios morales fundamentales que guían la política de justicia penal priorizan los derechos, el bienestar y la seguridad tanto del público como de las víctimas al considerar a quienes han cometido delitos a la luz de su propensión a lastimar a otros (Carter & Ward, 2022). Varios niveles del gobierno generan reglas públicas y legislación, con políticas del micronivel puestas en práctica en la escala local y leyes del macronivel puestas en práctica en el nivel federal o estatal.
Áreas intrigantes
Dado que creo que las leyes de armas y drogas son dos de las preocupaciones más pertinentes en nuestra sociedad, me interesan principalmente algunas tendencias e incentivos específicos en la política de derecho penal. Se ha demostrado que las intervenciones y las leyes relacionadas con el control de armas apoyan las tendencias hacia la reducción del encarcelamiento y la disminución de las tasas de delitos violentos (Hamlin, 2021). Sin embargo, el grado en que las estrategias de vigilancia y control de armas redujeron las tasas de criminalidad se ve oscurecido por las limitaciones en un marco conceptual. A pesar de la amplia accesibilidad de armas de fuego que parecía estar relacionada con las operaciones de la industria farmacéutica, la disminución de la industria de la cocaína puede estar relacionada con la reducción de la delincuencia. Debido a esto, creo que se deben hacer más estudios sobre estas dos preocupaciones, y se deben implementar políticas y programas nuevos y más efectivos.
Evaluación
Una de las técnicas más importantes para evaluar el funcionamiento y los resultados de las iniciativas y políticas de justicia penal es la evaluación de programas. En términos generales, los académicos y los representantes de las fuerzas del orden colaboran para evaluar la eficacia de las intervenciones destinadas a transformar a los delincuentes o a quienes corren el riesgo de convertirse en delincuentes. Para mejorar los programas y responsabilizar a las personas por su uso de recursos finitos, se requiere una evaluación integral. Una pieza crítica de los datos recogidos de los estudios de evaluación puede ayudar a dar forma a la política con respecto a la justicia penal.
La Coalición de Justicia Criminal de Texas se enfoca en los problemas con políticas y programas adecuados porque el sistema de justicia juvenil en Texas sin duda necesita reformas y acciones. Las medidas relacionadas con las armas y las drogas también son las que podrían tener el mayor impacto positivo en la sociedad estadounidense al reducir las tasas de criminalidad y condena. En aras del uso sostenible de los recursos y los resultados beneficiosos, debería ser una responsabilidad común garantizar la eficacia de las políticas e iniciativas continuas.