La necesidad de planificación en las políticas de justicia penal
Introducción
El lanzamiento del programa o política no significa automáticamente que el trabajo sobre la intervención haya terminado. Los responsables políticos deben darse cuenta de que las políticas no existen por separado de los entornos en los que se implementaron. Además, estos entornos rara vez pueden ser controlados, ya que viven sus propias vidas dinámicas. En particular, los entornos pueden verse afectados por visiones y objetivos, diferentes de las opiniones de los responsables políticos, o por acuerdos políticos y financieros caóticos (Harris & Welsh, 2015). Por lo tanto, los responsables políticos deben prestar atención a los factores independientes que cambian constantemente, como el clima político y la salud fiscal de las fuentes de financiamiento (Harris & Welsh, 2015). Además, la intervención implementada también puede afectar el medio ambiente, lo que requiere la preparación para la adaptación de la política a las nuevas circunstancias. En este sentido, la planificación y evaluación de políticas con regularidad son necesarias para adaptar la política a las nuevas circunstancias.
El éxito final de la política depende en gran medida de la capacidad del creador de políticas para aprender y adaptarse. Según Welsh y Harris, la capacidad de aprendizaje de la organización afecta significativamente el grado en que se logran los objetivos de la intervención. El aprendizaje efectivo es imposible sin recopilar los datos sobre el rendimiento y los cambios producidos por la política en el entorno. Como tal, la evaluación continua es necesaria para resaltar los posibles defectos en el diseño de políticas y hacer las adaptaciones necesarias. La falta de reevaluación continua crea el riesgo de perder el punto en que la política se vuelve inadecuada.
Además, los principales interesados, especialmente aquellos que financian la intervención, esperarán ver información significativa y transparente sobre el progreso en la implementación de políticas. En este caso, la planificación y evaluación periódicas ayudan a los responsables de la formulación de políticas a preparar informes sobre la marcha de los trabajos pertinentes y actualizados. En general, los esfuerzos permanentes de evaluación mejoran la comunicación entre los responsables políticos y las partes interesadas, lo que mejora la calidad de la administración de las políticas. Finalmente, la planificación continua y la reevaluación ayudan a desarrollar estrategias de defensa para la intervención y responden a posibles críticas.
Desafíos presentes en las cuestiones políticas emergentes
Múltiples áreas de la justicia penal se enfrentan a importantes problemas de política en el siglo XXI. Mallicoat y Gardiner destacaron cuatro casos específicos para discusión: violación de los derechos constitucionales de los reclusos, ofensa juvenil, el debate sobre el control de armas en respuesta a incidentes de alto perfil y regulaciones de búsqueda e incautación. Todos estos casos representan cuestiones constitucionales y respuestas políticas únicas a las colisiones entre la Constitución de los Estados Unidos y las situaciones contemporáneas en la justicia penal.
Encarcelamiento y Realineamiento
El duro enfoque criminal de la sentencia llevó al hacinamiento en las cárceles de California. A finales de 2010, la población carcelaria del estado creció a 162.821, mientras que las 33 prisiones estatales fueron diseñadas para albergar a 84.597 reclusos (Mallicoat & Gardiner, 2014). En 2011, la Corte Suprema de los Estados Unidos consideró esta discrepancia un factor crítico en la incapacidad del estado para proporcionar derechos básicos (Mallicoat & Gardiner, 2014). En este caso, el sistema de justicia penal de los Estados Unidos no alineó el castigo con los derechos constitucionales.
Delincuencia juvenil
Hacia el final del 20mo siglo, los tribunales juveniles estadounidenses adoptaron la filosofía del sistema criminal adulto. En consecuencia, las escuelas estadounidenses lanzaron políticas de tolerancia cero para crear espacios seguros para los estudiantes. Sin embargo, muchas jurisdicciones comenzaron a revertir tales políticas ya que la delincuencia en las escuelas y las comunidades aumentó después de su implementación (Mallicoat & Gardiner, 2014). En este caso, el sistema de justicia penal enfrentó el resultado adverso de la filosofía de una talla única para todos, que veía todas las infracciones juveniles de manera similar.
Debate sobre el control de armas
Los incidentes de alto perfil que involucran armas crean fuertes llamados a un control de armas más estricto. Por ejemplo, el presidente Obama pidió al Congreso que apruebe la nueva legislación sobre armas después del tiroteo de Newtown. El plan de Obama incluía medidas tales como restablecer la prohibición de armas de asalto y limitar el número permitido de rondas por revista (Mallicoat & Gardiner, 2014). En este caso, el sistema de justicia penal se enfrentó al desafío de equilibrar un control de armas más estricto contra la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Búsqueda e incautación
Esta cuestión de política de justicia penal se manifiesta en un choque entre la Cuarta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos y las tecnologías modernas. La cuarta enmienda ofrece protección contra búsqueda irrazonable (Mallicoat & Gardiner, 2014). Sin embargo, el desarrollo de cámaras de circuito cerrado y drones redujo sustancialmente la cobertura de la Cuarta Enmienda. Como resultado, los tribunales tienen que aplicar el concepto de expectativa razonable expresada de privacidad, que disminuye constantemente a medida que avanza la tecnología.
Recursos para facilitar el éxito
Dada la información presentada en el Capítulo XX, se pueden derivar dos recursos necesarios para facilitar el éxito en la implementación de políticas. En primer lugar, los responsables políticos deben tener tiempo suficiente para considerar cuidadosamente los objetivos y las posibles consecuencias de una política. En segundo lugar, es necesario reunir suficiente información antes de lanzar la política. De lo contrario, la intervención planificada puede llegar a ser apresurada e inadecuada para satisfacer las necesidades y condiciones de un entorno particular.
La discriminación como una cuestión política emergente en el siglo XXI
El trato justo y la no discriminación de varios grupos son los rasgos vitales de un sistema de justicia penal eficaz. En el caso de los Estados Unidos, la protección contra la discriminación se proporciona legalmente en dos niveles. Lo más importante es que el gobierno federal aborda el tema de la discriminación bajo la Ley de Derechos Civiles de 1964 (Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales [NCSL], 2017). Además, muchos estados de los Estados Unidos ofrecen protección contra la discriminación además de la ley federal (NCSL, 2017). Sin embargo, el nivel de protección legal es inconsistente; por ejemplo, cinco estados: Alabama, Georgia, Mississippi, Carolina del Norte y Texas no tienen una ley de alojamiento público (NCSL, 2021). UU., solo 18 prohíben la discriminación basada en el estado civil, 20 prohíben la discriminación basada en la edad y 25 prohíben la discriminación basada en la orientación sexual (NCSL, 2021). Otros posibles motivos de discriminación, como el estado de veterano, militar o de parto, se abordan solo en unos pocos estados.
En vista de esta situación, es probable que los encargados de formular políticas en el sistema de justicia penal enfrenten problemas con la justificación de las políticas en lo que respecta a evitar la discriminación. Si las políticas de justicia penal están dirigidas específicamente a ayudar a los grupos discriminados, otras comunidades pueden considerarlas injustas. En consecuencia, esta reacción puede dar como resultado una reacción violenta contra la población objetivo de la política. Al mismo tiempo, las políticas adaptadas a las necesidades de las poblaciones en riesgo, como las minorías étnicas en los barrios pobres, también pueden percibirse como discriminatorias desde su punto de vista. En particular, los miembros de los grupos en riesgo pueden considerar que las políticas de justicia penal son una respuesta específica a sus presuntas tendencias delictivas y delictivas. En este sentido, los responsables de la formulación de políticas del siglo XXI tendrán que combinar el enfoque en grupos de población específicos con la equidad en el diseño de políticas y un enfoque no discriminatorio en la implementación. En general, la diferencia en la cobertura de la legislación antidiscriminatoria en todo el territorio de los Estados Unidos puede contribuir aún más a las posibles controversias en torno a las nuevas políticas en materia de justicia penal.