Doe se refiere a un caso legal en el que varios hijos de inmigrantes indocumentados no pudieron asistir a la escuela, y aunque muchos lo consideran un caso menor, en realidad presenta implicaciones sustanciales para la educación en los Estados Unidos. Mientras el caso estaba en curso, los padres habían insistido en la provisión de educación para sus hijos, ya que la lucha legal tardaría años en resolverse. En este punto, la oposición en la corte estaría en desacuerdo con la solicitud basada en dos dimensiones, la economía y los derechos de los inmigrantes indocumentados. La educación de estos niños sería tan costosa como la educación de cualquier otro niño con la adición de clases enfocadas en inglés. Sin embargo, el juez dictaminó que el costo de no proporcionar a estos niños educación, a largo plazo, sería oneroso, ya que no estarían calificados para trabajar y pagar impuestos. Del mismo modo, hubo desacuerdo sobre si los migrantes indocumentados podrían caer bajo el título de “personas” que se utiliza en la Constitución. Una vez más, el juez argumentó que mientras estuvieran bajo la jurisdicción de los Estados Unidos, caerían bajo la categoría mencionada anteriormente.
A pesar de estas discusiones iniciales, los mismos derechos que se otorgan en algunas capacidades, como la protección contra un incendio, no se otorgarán a los estudiantes. Aunque el caso había ocurrido hace décadas, la autora del artículo, Jill Lepore, muestra cómo los problemas que ocurrieron entonces continúan afectando los derechos actuales a la educación. En la conclusión del caso, la educación no se consideraba ni un derecho ni un beneficio gubernamental, y los hijos de inmigrantes indocumentados “son vulnerables, y las leyes que los discriminan, aunque no están sujetas a un escrutinio estricto, merecen un “mayor escrutinio” (Lepore). Doe no es solo un ejemplo de la limitación del derecho de los inmigrantes a la educación, sino en gran medida en todos los asuntos legales en los que a menudo son vulnerables.