Prohibición del telemarketing: proteger a los consumidores y las empresas de llamadas no solicitadas
Introducción
Una ley debería prohibir el uso del telemarketing para vender bienes y servicios. Telemarketing utiliza sistemas de marcación automática para enviar llamadas salientes a clientes potenciales. En los últimos años, el telemarketing se ha extendido más ampliamente y se ha descubierto que causa molestia, acoso y probable violación de la privacidad.
Entender a los demandantes de pie y elegibles
Los consumidores que reciben llamadas no deseadas y las empresas que participan en actividades de telemarketing son las partes con capacidad legal para demandar bajo esta ley. Una demanda presentada bajo esta ley tendría jurisdicción judicial estatal o federal, dependiendo de dónde se encuentre el consumidor o la empresa. El asunto se escucharía en un tribunal federal si el cliente vivía en un estado diferente al de la compañía.
Castigos y Remedios Legales por Violaciones
Esta ley conllevaría sanciones civiles y penales para los infractores. Dependiendo de la gravedad de la infracción, una persona o empresa puede estar sujeta a una multa o tal vez ir a la cárcel (Díaz & Navarro, 2020). El consumidor tendría derecho a daños por una violación civil, como el pago por el tiempo y los recursos gastados en tratar con las llamadas no solicitadas.
Distinguir el derecho civil del derecho penal
La distinción entre el derecho penal y el derecho civil es que el derecho penal se utiliza para castigar a personas o entidades por sus malas acciones. Por el contrario, el derecho civil se utiliza para resolver disputas entre dos partes. El derecho penal se ocupa principalmente de castigar al malhechor, mientras que el derecho civil se centra en dar un remedio a la parte agraviada (Díaz & Navarro, 2020).
Conclusión
En general, la ley propuesta sería útil para defender los intereses tanto de las empresas como de los consumidores. Además de dar a los clientes los medios para buscar una compensación en caso de que se violen sus derechos, serviría como un desincentivo para aquellos que participan en actividades de telemarketing. Además, la ley proporcionaría claridad en cuanto a la jurisdicción y el castigo por violaciones, permitiendo así una resolución justa y equitativa para todas las partes involucradas.